La Unidad de Información Financiera, que preside Mariano Federici, apeló el fallo que sobreseyó al intendente de Tigre, Julio Zamora, y a otras 30 personas en la causa conocida como “Sueños Compartidos”, entre ellos jefes comunales y gobernadores que recibieron las obras en el marco del programa de construcción de viviendas sociales.
La causa inició en 2012 en medio de disputas entre los hermanos Schoklender y Hebe de Bonafini por los fondos que el Estado le otorgó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, todo con el aval de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Según la justicia, de los 749 millones de pesos que recibieron las Madres, se habían desviado 206 millones. El gobierno de ese momento se había comprometido a otorgarles 1295 millones de pesos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sostuvo que los fondos desviados terminaron en mutuales y empresas agropecuarias a través de canjes de cheques.
De las 1129 viviendas que debieron construir en Buenos Aires, 526 eran para el Municipio de Tigre. Solo se hicieron algunas en los barrios Cina Cina, San Pablo y Garrote. Este presunto fraude al Estado se dio durante los primeros meses de la administración interina de Julio Zamora, cuando Sergio Massa pidió licencia para ocupar la Jefatura de Gabinete nacional.
En diciembre, casualmente coincidente con la vuelta del kirchnerismo al poder, el juez Martínez di Giorgi sobreseyó de la causa a más de 30 personas, entre ellos el intendente Zamora. Esta semana la UIF apeló los sobreseimientos en dos escritos.
“No correspondería sobreseer a los acusados que no están en condiciones de ser elevados a juicio y poner fin al proceso. Esta parte entiende que correspondería mantener en instrucción”, expresaron desde la Unidad de Información Financiera.
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