Ante el pedido de declarar la emergencia pyme, alertan que “día a día se agrava la situación”

La concejal de Ituzaingó e integrante de la Confederación Empresaria de la República Argentina , Sandra Rey, participó de la movilización en la que se exigió al gobierno nacional que implemente políticas económicas que contengan a los pequeños y medianos empresarios que “son los grandes generadores de empleo”.

De la movilización participaron más de 20 cámaras y entidades que agrupan a pequeños y medianos empresarios, bajo la consigna «Ni una pyme menos», y presentaron ante el Congreso un proyecto que solicita “medidas urgentes que permitan afrontar la situación de crisis terminal que provoca persianas bajas y desempleo”.

“Es alarmante la cantidad de puestos de trabajo que se pierden día a día, porque el pequeño y mediano empresario ya no puede sostener la producción y no puede seguir pagando sueldos a sus empleados. Estamos muy preocupados por cómo va a terminar esta situación, si no se empieza de manera inmediata a cambiar el rumbo”, describió la concejal de Ituzaingó y empresaria pyme.

Entre los factores que presionan al pequeño y mediano empresario detalló: “La inhibición bancaría, la apertura indiscriminada de las importaciones, los tremendos tarifazos y la falta de crédito con tasas razonables”. Todas estas problemáticas fueron planteadas dentro del proyecto que se entregó en la Cámara de Diputados.

“Se pide que se declare la emergencia productiva porque día a día se agrava la situación”, sostuvo Rey, y destacó el “compromiso” de todo el arco político. “Nos agrupamos todos bajo el slogan ‘Ni una pyme menos’, y están representados todos, más allá de la gremial empresaria y del partido político”, agregó.

“Deben crear y fomentar políticas de fondo, de largo plazo, la industria nacional debe ser previsible y que le permita al empresario invertir”.

Proyecto

Los pequeños y medianos empresarios solicitan, en el proyecto de ley presentado en el Parlamento,  la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social. También retrotaer al 1 de noviembre de 2017 las tarifas de servicios públicos de agua, suministro eléctrico y gas de jurisdicción nacional. Además quieren que el gobierno reactive el mercado interno y cierre las importaciones de productos que se producen en el país. Otro punto es la baja de impuestos y la apertura de moratorias para evitar la inhabilitación y el consecuente cierre de las pymes.

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