Un instructivo para médicos mediante el cual el gobierno municipal de Morón exige a los profesionales de hospitales y centros de salud denunciar ante «sospecha de aborto» provocó reacción y críticas al intendente Ramiro Tagliaferro por parte de organizaciones sociales y políticas.
«Se comunica a todo el personal médico que de acuerdo a las leyes vigentes deberá efectuar la denuncia penal obligatoria frente a la recepción de los casos que se enumeran», dice el comunicado, pegado en los centros asistenciales.
«Sospecha de aborto; sospecha de violación; sospecha de abuso sexual; herida de bala; herida de arma blanca; heridas por elementos varios (traumatismos); golpiza; sospecha de maltrato (escoriaciones, lesiones por golpes tanto en varones, mujeres y niños de cualquier edad)», son las situaciones que deben ser denunciadas.
“Es una orden escandalosa y reaccionaria», consideró la dirigente izquierdista Vilma Ripoll, y apuntó al intendente Tagliaferro y a su secretario de Salud, Mario Russo. «Instruyen a los profesionales a denunciar, lo que implica atemorizar a las mujeres que van en busca de asistencia», sostuvo.
Ripoll señaló que la «instrucción» del gobierno de Morón puede «promover nuevos casos de persecución como el que sufrió Belén en Tucumán» y «desmantelar las consejerías pre y post aborto».
Asimismo, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir también cuestionó la medida, que llega luego de que el país estuviera atento al caso Belén, que fue condenada a prisión, liberada la semana pasada mientras la Corte Suprema decide su situación, por llegar a un hospital tucumano tras sufrir un aborto espontáneo y ser denunciada por los médicos que la atendieron.
Desde Red de Mujeres también cuestionaron la decisión de Tagliaferro y señalaron que se trata de una exigencia que insta a los profesionales de salud a que «violen el secreto profesional y denuncien a las mujeres que concurran a atenderse con sospecha de aborto».
«El deber de confidencialidad surge de un marco normativo formado por la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos, normas específicas dictadas en materia de salud, y legislación penal que castiga la violación del secreto profesional», recordaron.
«Exigimos al Municipio de Morón la inmediata revisión de este hecho en conjunto con acciones claras y concisas para reparar este daño, así como investigar y determinar la responsabilidad y sancionar a aquellos funcionarios/as públicos que hayan sido los promotores de esta nefasta orden», señalaron desde esa organización.
La respuesta del Municipio
Según informa el sitio Un medio, el gobierno municipal separó a dos funcionarios, a quienes señalaron como responsables del cartel colocado en el Centro de Atención Primaria “Dr. Springolo” de la localidad de El Palomar.
“Se inició un sumario administrativo y se separó del cargo y sus responsabilidades al coordinador médico de ese centro, Mario Marine, quien se desempeña como profesional en el Municipio hace 25 años, y al coordinador administrativo, Daniel Araujo”, se explica en ese portal.
En declaraciones a Un medio, el secretario de Salud municipal, Mario Russo, aseguró que la difusión de la nota era “una burda operación política por parte de quienes, durante el gobierno anterior, no hicieron más que atentar contra la salud pública”. “No vamos a permitir que una acción aislada, no avalada por la secretaría ni por el intendente, descalifique la gestión que se está realizando en materia de salud para los vecinos, mejorando los Centros de Atención Primaria, sumando profesionales y trabajando para recuperar el hospital”, enfatizó.
Asimismo, aclaró que “el sistema de salud de Morón reconoce como prioritaria a la salud sexual y reproductiva, a través de políticas inherentes a la anticoncepción, así como los dispositivos de consejerías para la reducción de riesgos y daños en situación de embarazo no planificado”. “El aborto es una de las cuestiones prioritarias en salud pública y una de las principales causas de muertes maternas en Argentina”, recordó, y señaló que “a nivel nacional está reconocido el derecho a la interrupción legal del embarazo” ante ciertos casos puntuales.
Finalmente, el funcionario afirmó que existen “en todos los Centros de Atención Primaria las consejerías” donde se asiste a las mujeres, y negó que se vulneren convenios. “En el caso de ser necesario, se las deriva al Servicio de Tocoginecología del Hospital Municipal para que se las atienda según el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación ″, concluyó.
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