La Cámara de Diputados pasó a cuarto intermedio y postergó hasta este viernes la aprobación del proyecto de Ley Bases, con la incorporación de nuevos cambios en el capítulo de privatizaciones, en una sesión especial cargada de tensión por los incidentes entre las fuerzas de seguridad y militantes de izquierda que realizaron una marcha en contra de esa iniciativa frente al Congreso.
En la segunda jornada de la sesión especial y tras 24 horas de debate, entre los 2 días, faltaba unos 17 oradores para hacer uso de la palabra previo a la votación en general, en la que el oficialismo tenía garantizado el respaldo de los bloques dialoguistas.
La propuesta de pasar a un cuarto intermedio fue formulada por el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Oscar Zago.
El gobierno tenía el apoyo de unos 143 diputados para aprobar en general el dictamen de mayoría con el aporte de 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del Pro, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina.
La sesión especial, conducida por Martín Menem, se desarrollaba en un clima de tensión por los graves incidentes sucedidos en las adyacencias del Congreso entre las fuerzas de Seguridad y los militantes de izquierda y organizaciones sociales que rechazan el proyecto propiciado por el gobierno.
En cada uno de los discursos de Unión por la Patria había referencia a los serios incidentes cerca del Parlamento, e incluso respaldaron un pedido de la diputada de izquierda, Romina del Pla, de hacer un cuarto intermedio «por la represión» que fue rechazado por La Libertad Avanza, el Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal, e Innovación.
En ese contexto y en un clima de fuerte tensión, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martín, presentó una moción para establecer un cuarto intermedio por la «terrible represión que se vive en la calle», que fue rechazado por los bloques dialoguistas e incluso el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto, señaló que «no se puede interrumpir la labor de un poder del Estado».
También respaldó la propuesta de su bloque Máximo Kirchner, a través de una cuestión de privilegio, en la que planteó: «Vamos a ver qué sucede afuera, es solamente para que haya la menor cantidad de argentinos y argentinas lastimados, trabajen en una fuerza de seguridad o no».
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el portavoz presidencial, Manuel Adorini, concurrieron por la tarde a Diputados y a la noche se sumó el ministro del Interior, Guillermo Francos, para seguir de cerca el desarrollo de la sesión.
A lo largo de la jornada también se sucedieron reuniones entre diputados oficialistas y opositores dialoguistas para superar las diferencias sobre seguridad, facultades delegadas y privatizaciones, y a la noche La Libertad Avanza envió un nuevo borrador de modificaciones donde se tomaron algunas sugerencias de los bloques de la UCR y Hacemos.
En ese sentido, La Libertad Avanza propuso a los bloques dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones 9 empresas estatales que el gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de Ley Bases y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.
Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior, Casa de Moneda, Dioxitek S.A., Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En ese borrador que contienen los cambios, el gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos, Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, entre otras.
El nuevo capítulo divide en 3 artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechacen todas las ventas de las empresas públicas.
En cambio, mantuvieron la declaración de emergencia en materia económica, financiera, administrativa, tarifaria, energética, seguridad y administrativa, y el capítulo sobre deuda donde se elimina la obligación de pedir autorización al Congreso previo a tomar un endeudamiento como establece la ley vigente.
Las reformas que habían transcendido generaron la queja del diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien señaló: «Pasaron 9 horas de la segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus. Si sumamos las 11 horas ayer, llevamos 20 horas de debate» y «aún no tenemos el texto que se pretende votar».
El plenario legislativo retomó a las 12:30 del mediodía el debate con varias cuestiones de privilegio planteadas por parte de diputados de la oposición contra funcionarios del Poder Ejecutivo, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo policial del miércoles en las afueras del Congreso, donde se registraron incidentes entre efectivos de las fuerzas de seguridad y militantes.
Al iniciarse la sesión, y luego que los diputados de todos los bloques expusieran en el recinto sobre los incidentes ocurridos en la noche del miércoles, los legisladores rechazaron las amenazas que habría sufrido la diputada de la UCR, Carla Carrizo, a través de sus redes sociales, y se solidarizaron con la legisladora que se mostró muy sensibilizada y con lágrimas en los ojos, por lo que varios colegas se acercaron a su banca a brindarle su apoyo.
Al retomar el debate del proyecto, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó que «la grieta sigue» en el Congreso y defendió a las provincias, en medio de la controversia entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores por el impuesto PAIS. «Muchos de nosotros tenemos nuestra referencia en las provincias que gobernamos y ya estamos hartos de ser un papelito al viento, de ser la cenicienta de este Congreso. Nos conducen nuestros gobernadores a nosotros», afirmó.
Por su parte, la diputada libertaria por Santa Fe, Romina Diez, defendió las privatizaciones de empresas públicas, uno de los capítulos que incluyó el gobierno en la Ley Bases, y dijo que se trata de «conceptos antagónicos que tratan de disfrazarlos de patria para justificar aguantaderos de militantes”. “Una empresa no debería ni puede ser pública. Las manejan empresarios, los naturales benefactores sociales», lanzó.
Desde la oposición, en tanto, la diputada de Unión por la Patria por Córdoba, Gabriela Estévez, sostuvo que la ley «modifica todos los aspectos de la vida de los argentinos» y cuestionó al asesor presidencial, Federico Sturzenegger, al señalar: «Ese funcionario sin cargo y sin funciones que, sin embargo, otra vez le devuelven la potestad de que entregue en bandeja a nuestro país. No sabemos quién escribió la ley, pero sí quiénes son sus principales beneficiarios y perjudicados».
En esa línea, la diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca, sostuvo que «en realidad es la ley de bases y condiciones para la venta de la Argentina».
Para el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, la delegación de facultades que solicitó Milei «no es igual de las que se le dio a otros presidentes como de Fernando De la Rúa, Carlos Menem, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Alberto Fernández”. “Esta es una delegación de facultades que intenta cambiar la matriz de la Argentina, la matriz social, institucional y cultural de Argentina», añadió, y adelantó que votará en contra del proyecto, tras citar en su discurso las estrofas del himno nacional.
A lo largo del debate, la diputada del Pro, Silvia Lospenatto, dijo que con esta iniciativa se trata de otorgar «herramientas para que pueda llevar adelante su plan de gobierno» y «yo les deseo de corazón el mejor de los éxitos”. “La patria está en peligro cada vez que nuestros hijos no puedan desarrollar su vida», agregó.
El diputado cordobés de Hacemos, Juan Brugge, señaló: «Nosotros vamos a acompañar el proyecto en general porque creemos en la institucionalidad y en que es necesario avanzar en establecer reglas de juego claras, pero peca de algo importante, mezcla las emergencias con la desregulación económica».
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