El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el gobierno destinara el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95, es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.
El gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye “un fallo político, de cara al año electoral” y advirtió que, con esa decisión, “la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de Gobierno porteño”.
“Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.
Además, el gobierno consideró que la Corte argumentó “de manera insólita” que “transferirle estos montos millonarios a la Ciudad de Buenos Aires no afecta a las provincias argentinas”, y advirtió: “Esto es completamente falso. Esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.
El presidente tomó la decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema esta tarde tras una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto ayer por el alto tribunal, que suspendió la aplicación de una ley del Congreso y modificó de 2,30 por ciento a 2,95 por ciento el porcentaje coparticipable para el distrito gestionado por Horacio Rodríguez Larreta.
El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Esas provincias “al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la Corte Suprema, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación” y para que soliciten la revocación “in extremis” de la resolución cautelar, según el documento.
Ayer, en un fallo firmado por los cuatro miembros del supremo tribunal, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se ordenó al gobierno nacional que pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables.
El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4 por ciento al 3,75 por ciento la participación correspondiente a la Ciudad por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5 por ciento.
La explicación de entonces del gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas” en la Ciudad.
De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.
En 2020, ya durante el gobierno de Alberto Fernández, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.
“En la actualidad, según la ley vigente y aprobada por el Congreso nacional, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4 por ciento del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, recordó el gobierno en el documento firmado hoy.
El máximo tribunal -si bien no resolvió la cuestión de fondo- avaló la medida cautelar pedida por el gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95 por ciento deban ser realizados “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley que le otorgaba 2,32 por ciento.
El encuentro de hoy entre el presidente y los gobernadores se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, pero un grupo de mandatarios asistió en forma virtual.
Fernández estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
Participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfran; el entrerriano Gustavo Bordet; el riojano Ricardo Quintela; el tucumano Osvaldo Jaldo; y el catamarqueño Raul Jalil. También, el mandatario sanjuanino Sergio Uñac; el santiagueño Gerardo Zamora; el chubutense Mariano Arcioni; y el pampeano Sergio Ziliotto.
A ellos se sumaron en forma virtual el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich; el fueguino Gustavo Melella; el misionero Oscar Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia Kirchner.
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