El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, ordenó a las empresas prestatarias cumplir, en todo el territorio del distrito que administra el intendente Fernando Espinoza, una medida cautelar que impide efectuar cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, considerada la cuestión de fondo.
De acuerdo con investigaciones del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires, esas tarifas aumentaron este año, en promedio, un 370 por ciento, es decir, 4 veces más que la inflación
El amparo para proteger a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales de La Matanza, presentado por Fernando Espinoza junto con entidades de defensa del consumidor y fuerzas vivas del distrito, obtuvo el respaldo de la Justicia, que lo transformó en una medida cautelar.
Los sucesivos y tremendos tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, con el apoyo del gobierno nacional, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de «pobreza energética», es decir que las tarifas insumen más del 10 por ciento del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1000 por ciento.
A partir de los anuncios de aumentos y de que comenzaron a llegar las facturas, creció el reclamo de la comunidad, expresado en las multitudinarias asambleas realizadas por la Multisectorial de La Matanza, en las que los curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios, trabajadores, comerciantes, entidades de defensa del consumidor y profesionales, junto con el municipio, coordinaron la presentación judicial para oponerse a estas políticas violentas que empobrecen a la mayoría de la población y atentan directamente sobre el aparato productivo y el nivel de actividad.
Ahora, con esta decisión de la Justicia, las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, incluida la imposibilidad de pago por los montos exorbitantes que están llegando con las facturas.
El reclamo del Municipio de La Matanza avanza sobre la cuestión de fondo, que es establecer tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios, muy afectadas por las políticas de recesión y de pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población, lo que se vio reflejado en un aumento de más de 11 puntos en los índices de pobreza en sólo los primeros 6 meses de la presidencia de Javier Milei.
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