Los allanamientos de la Policía Federal permitieron detener a la dueña del lugar. También habían emplazado un consultorio odontológico sin autorización.
La pesquisa llevó dos meses y arrojó información precisa acerca del establecimiento de un taller clandestino en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Allí se confeccionaban prendas que, en clara infracción a la ley de marcas, luego se comercializaban en la feria de La Salada. La Policía Federal Argentina detuvo a la dueña de las propiedades y rescató a 36 víctimas de explotación laboral.
Los allanamientos se llevaron a cabo siguiendo una instrucción fundamental del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, la protección de la integridad física y emocional de todos los damnificados. Para eso, se realizó un trabajo conjunto con funcionarios del programa de Rescate de Personas del Ministerio de Justicia, de la Dirección Nacional de Migraciones y la Municipalidad de la Matanza.
“Estamos invirtiendo muchos recursos en materia de inteligencia criminal y promoviendo la cooperación entre distintas agencias del Estado. Así, trabajando en equipo, podemos ser más eficientes en la lucha contra los delitos complejos”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien impartió políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.
A partir de los datos que surgieron durante la investigación, el personal de la Delegación Morón de la Policía Federal -institución que comanda Néstor Roncaglia- irrumpió en tres viviendas contiguas sobre la calle Las Margaritas al 200, en Ciudad Evita. Los efectivos confirmaron sus sospechas, no solo funcionaba un gran taller clandestino para la fabricación ilegal de prendas de vestir, sino que también se había emplazado un consultorio odontológico sin ningún tipo de autorización.
Tras la detención de la mujer que se presentó como la propietaria del lugar, se entrevistó a las víctimas se explotación laboral. De esta forma, se supo que ocho de ellas eran menores, en tanto que también había ciudadanos de nacionalidad boliviana sin la documentación migratoria correspondiente. Asimismo, los uniformados notificaron a las autoridades locales sobre las condiciones de falta de salubridad e higiene, que derivaron en la inmediata clausura.
A instancias del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Morón, a cargo de Martín Ramos, que interviene a través de la Secretaría 3 de Juan Cruz García, se incautaron 60 máquinas entre bordadoras, artefactos de coser y mesas de costura, además de rollos de hilo, lana, retazos de hilo y ropa lista para la venta.
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