Alejandro Collia, primer candidato a concejal de Tres de Febrero por el Frente de Todos en la lista del diputado camporista Juan Debandi, será sometido a juicio oral y público en orden al delito de negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos por la construcción de las Unidades de Pronta de Atención.
El pasado 11 de agosto se llevaron a cabo las elecciones PASO. En Tres de Febrero, el Frente de Todos contó con cinco listas de distinta vertiente política, resultando ganadora en la interna partidaria la lista promovida por el ex intendente Hugo Omar Curto, que llevó a Juan Debandi como candidato a jefe comunal, y como primer candidato a concejal, al doctor Alejandro Collia, también actual secretario de Salud de La Matanza y en la mira por rechazar el sistemas de emergencias SAME en ese distrito.
De acuerdo a los resultados de los comicios, resulta claro que la decisión del electorado será binaria -entre dos opciones- pese a la existencia de otras alternativas minoritarias. En cuanto al cuerpo deliberativo, la discusión gravita en torno a cuantos ingresarán por cada fuerza política, aunque aquellos que se sitúan en los primeros lugares de cada lista, tendrían su banca asegurada.
Sin embargo, párrafo aparte merece Alejandro Collia, quien podría verse impedido a ingresar en el Legislativo, y para peor, también, ser inhabilitado de forma perpetua para ocupar cargos públicos de corroborarse la hipótesis fiscal en el marco del juicio oral que tendrá lugar en fecha próxima.
La causa iniciada en el año 2016 e instruida por el agente fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, tiene como objeto la investigación de una maniobra defraudatoria en el marco de la construcción de quince Unidades de Pronta Atención que habría significado un perjuicio hacia el estado equivalente a la suma de 200 millones de pesos. De acuerdo al requerimiento fiscal, el candidato a concejal habría actuado en calidad de coautor, conjuntamente con el ex gobernador Daniel Scioli y el ex jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez.
Por estas horas, la defensa técnica del médico redobla los esfuerzos y realiza a contrarreloj planteos dilatorios para lograr posponer la fecha de realización de juicio oral, y para que el concejal no sea sometido a juicio antes del 27 de octubre, mes en que se realizarán las elecciones generales. Saben que el viento a favor en los comicios podría cambiar su suerte judicial. En tanto, si el juicio tuviere lugar antes de esa fecha y el tribunal lo encontrase responsable, podría sufrir una pena superior a quince años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
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